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Raúl Ricardes/clarín.com

Con motivo de la grave crisis de Ucrania, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideró a mediados de marzo un proyecto de resolución dirigido a reafirmar, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2 y 33 de la Carta de la ONU

Un grave error que complica la causa de las Islas Malvinas


La obligación de todos los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos. Asimismo, dicho proyecto de resolución reiteraba expresamente que no se reconocería la legalidad de ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza.
A pesar de la gravedad de la situación planteada, la Federación Rusa interpuso su veto en el Consejo de Seguridad impidiendo la adopción del proyecto de resolución que hubiese reafirmado la legalidad y la legitimidad política en las relaciones entre los estados.
En consecuencia, el único camino que a la comunidad internacional le quedó expedito para expresarse frente a la grave crisis en Ucrania fue la Asamblea General de la ONU.
El proyecto de resolución presentado (aún más explícito que el vetado por la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad en la defensa de los principios del no uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la no adquisición de territorios por la fuerza, la integridad territorial de los Estados y la solución pacífica de las controversias) recibió el apoyo de los dos terceras partes de la Asamblea General.
La Argentina se abstuvo incomprensiblemente de votar a favor de ese proyecto de resolución, coincidente en sus aspectos fundamentales con el que, días antes, había votado afirmativamente junto con la mayoría de los integrantes del Consejo de Seguridad, enfrentando la posición desafiante de la Federación Rusa.
Difícil es imaginar las razones que llevaron al gobierno nacional a abstenerse de apoyar un proyecto de resolución que recogía todos los principios y normas internacionales sobre las cuales nuestro país ha fundado su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Esta decisión ha creado un precedente negativo respecto de la cuestión de mayor importancia y sensibilidad en el campo de los intereses de la política exterior y de la soberanía nacional.
Para nuestro país la cuestión Malvinas es una disputa de soberanía cuya solución pondrá fin a una situación colonial impuesta por la fuerza por el Reino Unido en 1833. La recuperación del ejercicio de la soberanía argentina sobre esos territorios se hará por medios racionales, pacíficos y legales, en concordancia con los principios esenciales ya citados del Derecho Internacional y con esta posición consistentemente sostenida desde siempre por nuestro país.
La coherencia alcanzada no puede ser quebrada por intereses circunstanciales o decisiones inconsultas y precipitadas.

Publicado en Actualidad