• Flavia Saganias cumple una condena a 23 años impuesta por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje.
  • La justicia la encontró responsable de orquestar el ataque que casi le costó la vida a su ex pareja.
  • También resultaron condenados su hermano Enrique y su mamá Mónica Bonifacio.

La extrema violencia que vivió Gabriel Fernández (57), dejó marcas en su cuerpo y en su mente que seguramente lo acompañaran por el resto de su vida.
 

Fernández había sido escrachado en las redes sociales por Flavia Saganias acusadondolo por un abuso sexual contra una menor que la justicia nunca comprobó.
 

Mientras la Fiscalía de Cosquín se encontraba en pleno proceso investigativo de el presunto abuso sexual, tal como lo comprobó la justicia, Flavia orquestó un plan siniestro para acabar con la vida de Fernández, valiéndose de la complicidad de su madre Mónica Bonifacio, de su hermano Enrique Emiliano Saganias y una tercera persona que hasta la fecha no fue identificada.
 

En las primeras horas del 13 de agosto de 2017, los agresores golpearon la puerta de la vivienda y cuando el dueño de casa abrió para atenderlos, descargaron toda la furia impulsada por los dichos de Flavia. El ataque se llevó a cabo por medio de golpes con elementos contundentes, cuchillo y un arma de fuego. La víctima sufrió heridas de consideración, incluyendo abuso sexual, que finalizaron cuando lo creyeron muerto. Pero como si el tormento fuera poco, emprendieron contra la humilde vivienda, resultando incendiada en forma intencional.
 

El proceso judicial llegó a la instancia del juicio en la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, donde luego de las audiencias de debate, se pronunció la sentencia condenatoria el 27 de noviembre de 2019, con duras penas para los tres responsables, como coautores e instigadora,  de los delitos de “homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento en concurso ideal, con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real”, aplicándole una condena a 23 años de prisión.
 

Flavia Saganias es madre de cinco hijos, dos los cuales dos al momento tienen 3 años de edad.
 

Los mellizos estaban bajo el cuidado de un hermano mayor de edad y de su padre.
 

A consecuencia de esta situación el abogado Carlos González Quintana solicito a la autoridad judicial que su defendida se le otorgue la prisión domiciliaria para poder cuidar de los dos niños menores, tomando en cuenta que el padre biológico se encuentra en el exterior y en Capilla del Monte no viven familiares directos.
 

Participación de la querella.
 

El abogado Nicolás Cerrito, representante de la víctima, se opuso a la domiciliaria con una serie de objeciones.
 

Entre los principales puntos se puede leer en el expediente que los “menores nunca estuvieron solos”, siempre contaron con la presencia de un mayor responsable. Al mismo tiempo señala que los mellizos nunca estuvieron en el establecimiento penitenciario con su madre, siempre estuvieron acompañados por el hermano mayor y su padre.
 

Cerrito también hace mención a un informe de la perito oficial que dice sobre la condenada: “Aún no está arrepentida del acto delictivo que realizó” y que “continúa con su posición exculpatoria”.
 

También hace constar que la encuesta vecinal realizada por la policía local avala la situación de los hijos “atendidos por su padre”.
 

Otro de los puntos que refiere en su escrito el abogado hace pie en el riesgo de fuga, tomando en cuenta que Saganías tiene la patria potestad de los menores y los controles en la provincia son escasos. Cerrito recuerda la situación vivida con Enrique Emiliano, el hermano de Flavia, que se mantuvo prófugo por más de un año y que un tercer atacante aún no fue identificado, sumado a esto, el padre de los niños vive en el exterior.
 

Hay que tener en cuenta, que los menores tienen tres años, por lo tanto la mujer en el término de los dos años, debería regresar al penal de Bouwer para cumplir con el resto de la condena impuesta.
 

Sin lugar a dudas otro de los temas preocupantes para la querella está dado en el domicilio que ocupará Saganias, distante a unos mil metros del lugar de residencia de su víctima. Esto también combinado con la situación de permanente hostigamiento que continuó recibiendo Fernández, antes, durante y después del proceso judicial.
 

El abogado hace mención en otro de los puntos de oposición a la prisión domiciliaria, de un informe técnico elaborado en Dean Funes donde dice que “los niños no están desamparados”, en tanto que otro informe psicológico del penal de Bouwer reza: “Recibe visitas de su hijo mayor y de tres mujeres allegadas quienes estarían ocupándose de sus hijos menores”. Saganías no pidió nunca la incorporación a laborterapia.
 

Cerrito rechazó los informes fechados el 4 y el 12 de diciembre del año pasado, porque no reflejaban la situación actual, ya que los niños están a cargo de dos personas mayores de edad.
 

Por último, cabe mencionar que en la zona de Punilla no se puede cumplir con el artículo 33 de la Ley 24660, sobre la utilización de dispositivos electrónicos de vigilancia, por carecer la esta tecnología en la región, así los hizo constar en el expediente, donde también pidió una caución real de 10 millones de pesos.
 

Interés superior de los niños.
 

En la opinión de la Fiscal de Cámara,  se debía acceder al pedido de la defensa de Saganias, tomando con cuestión principal el interés superior de los niños y la relación con su madre. Se expidió de manera “positiva a la concesión de la detención domiciliaria a los fines de salvaguardar los derechos de los niños involucrados y solicitó que se arbitre los medios para que le patronato de liberados, asistido por personal policial, realice un control periódico de que la condenada este cumpliendo efectivamente la prisión domiciliaria”.
 

Acompañando la opinión de la fiscal, la Cámara resolvió el 16 de junio de este año, otorgar a la condenada la prisión domiciliaria, en una vivienda del centro de Capilla del Monte, bajo la tutela de una mujer, con la finalidad de cuidar a sus hijos, hasta tanto estos supere la edad de cinco años.
 

Saganias no podrá retirarse de ese domicilio sin la debida autorización de la Cámara, tampoco podrá consumir bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes, deberá permanecer bajo la responsabilidad de la persona designada, quien se hará cargo de los traslados, alimentos, manutención y sociabilización extra domestica de los niños.
 

Además, tendrá que abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad física de la víctima y no puede realizar manifestaciones verbales o materiales que agraven al mismo, ya sea por medio directo o indirecto, expreso o tácito o a través de terceros, por medio oral, escrito, visual medios de comunicación, redes sociales entre otros.
 

Por último, la Cámara ordenó a la condenada a “someterse a un tratamiento psicológico a los fines de trabajar y elaborar cuestiones ligadas a la problemática personal y consecuencias a nivel familiar y personal”.
 

En el fallo de la justicia, también queda establecido que cualquier violación a lo dispuesto se podrá revocar inmediatamente el beneficio otorgado.

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